Proyecto de ley 12793: gastos por extorción

Publicado el 17 Oct 2025

<figure class="image"><img style="aspect-ratio:2412/1045;" src="https://centrodecapacitacion.acaprendizajecontable.com/storage/images/aXsJzoqlTXzpgemx94rhUM5gMyFjlxK2ToxNDFNW.jpg" width="2412" height="1045"></figure>El Perú atraviesa una de las crisis más complejas de los últimos años: la inseguridad ciudadana y la extorsión se han convertido en amenazas cotidianas para empresarios, transportistas y comerciantes. Según el INEI, solo el 15,7 % de las víctimas de delitos denuncia los hechos, mientras que miles de micro y pequeños empresarios se ven obligados a pagar “cuotas” o “cupos” a bandas criminales para poder continuar operandoEsta situación genera pérdidas económicas millonarias, debilitando la formalidad y la recaudación tributaria. La Cámara de Comercio de Lima estima que la inseguridad y la extorsión le cuestan al país más de 5 800 millones de dólares anuales, equivalentes al 2,2 % del PBI nacionalEl problema legal actualEl literal d) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta permite deducir las pérdidas extraordinarias por delitos, pero exige acreditación judicial del hecho delictuoso o prueba de que es inútil iniciar acción judicial. En casos de extorsión, esta exigencia pone en riesgo la vida del contribuyente y su familia, pues denunciar formalmente puede generar represalias por parte de organizaciones criminales.Contenido del Proyecto de Ley 12793El proyecto, impulsado por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay del grupo Alianza por el Progreso, propone modificar el literal d) del artículo 37° estableciendo que:“Tratándose de pérdidas extraordinarias originadas por delitos de extorsión cometidos en perjuicio del contribuyente, es necesaria la presentación de una declaración jurada con huella digital y firma legalizada notarialmente, adjuntando los medios probatorios correspondientes.”Esto implica que el contribuyente ya no estaría obligado a presentar denuncia policial ni esperar un proceso judicial, siempre que respalde&nbsp;su pérdida con medios de prueba y una declaración jurada notarialmente legalizada.Conclución:El Proyecto de Ley N.º 12793, que propone modificar el literal d) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta para permitir la deducción de pérdidas por extorsión mediante una simple declaración jurada, presenta graves riesgos para el sistema tributario y la seguridad jurídica del país. Aunque su propósito aparente es proteger la integridad de los contribuyentes, la medida podría abrir la puerta al uso indebido de beneficios fiscales, al facilitar que personas inescrupulosas simulen pérdidas inexistentes bajo el pretexto de ser víctimas de extorsión.Esta flexibilización debilita los mecanismos de control de la SUNAT, reduce la trazabilidad de los hechos delictivos y normaliza indirectamente la extorsión como un gasto deducible, generando un efecto contrario al que se busca combatir. En lugar de disuadir el delito, podría estimular la informalidad, la corrupción y la creación de redes falsas de víctimas, al convertir un delito penal en un elemento con ventajas tributarias.Por tanto, la aprobación de esta norma no resulta aconsejable, ya que atenta contra los principios de legalidad, veracidad y equidad tributaria, afectando la confianza en el sistema fiscal. Lo urgente no es legitimar las pérdidas causadas por la delincuencia, sino fortalecer la seguridad ciudadana, la investigación penal y la protección efectiva de los empresarios mediante políticas integrales, no exoneraciones tributarias.