¿EL CONTRATO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR UN SERVICIO INTRAGRUPO?

Publicado el 15 Sep 2026

<figure class="image"><img style="aspect-ratio:1254/1254;" src="https://centrodecapacitacion.acaprendizajecontable.com/storage/images/oI7XSXT5259xND1oHkC9yOXRq0qjV9sTlmrhhPl7.png" width="1254" height="1254"></figure>La RTF N.° 07168-13-2026 confirmó un reparo de S/ 22 232 254 más la Tasa Adicional del 5% a una empresa del sector eléctrico, por servicios de gestión general, soporte de recursos humanos, servicios informáticos, servicios operativos y gestión de riesgos facturados por dos partes vinculadas no domiciliadas. La Administración no cuestionó la realidad económica de la operación ni recurrió a la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario: el reparo se sostuvo exclusivamente en que la empresa no logró acreditar, servicio por servicio, que cada prestación facturada se hubiera ejecutado en concreto.La resolución confirma un criterio que se viene consolidando en fiscalización: la discusión sobre servicios intragrupo ya no se gana con el contrato ni citando el Test de Beneficio como fórmula, sino con evidencia documentada de la ejecución. Este informe reconstruye los hechos, la controversia, la valoración probatoria del Tribunal y las implicancias prácticas para las áreas de tributación de grupos económicos con relacionadas en el exterior.2. ANTECEDENTES DEL CASO2.1 Los hechosLa Administración Tributaria fiscalizó de forma definitiva el Impuesto a la Renta de los ejercicios 2018 y 2019 de una empresa del sector eléctrico (CIIU 3510). La empresa había deducido como costo y/o gasto los importes facturados por dos partes vinculadas no domiciliadas por servicios de gestión general, soporte de recursos humanos, servicios informáticos, servicios operativos y gestión de riesgos: el perfil típico de servicios intragrupo que una matriz centraliza y traslada a sus filiales mediante un cargo (management fee o cost allocation).2.2 La controversiaLa SUNAT no cuestionó la realidad económica de la operación ni acudió a la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. El reparo se circunscribió a un punto más puntual: la falta de documentación probatoria que evidenciara la efectiva prestación de los servicios facturados. Sobre esa base, la Administración reparó S/ 22 232 254, aplicó la Tasa Adicional del 5% prevista para las disposiciones indirectas de renta no susceptibles de posterior control tributario, y giró la multa del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario por declarar cifras o datos falsos.Cuando una fiscalización observa servicios recibidos de una matriz o de una relacionada no domiciliada, la primera reacción de la empresa suele ser reunir todo lo que existe en el archivo: el contrato marco, los invoices, los correos con el proveedor, los asientos contables y el sustento de por qué el precio era de mercado. Es exactamente lo que hizo la recurrente en este caso. Y aun así, el Tribunal Fiscal confirmó el reparo íntegro.3. MARCO NORMATIVO APLICABLEAntes de entrar al análisis del caso, conviene precisar las tres piezas normativas sobre las que gira toda discusión de servicios intragrupo con no domiciliados.3.1 ¿Qué es un servicio intragrupo?Es el servicio que una empresa recibe de otra con la que tiene vinculación económica: gestión general, recursos humanos, informática, servicios operativos, gestión de riesgos, entre otros, que la matriz factura a la filial.3.2 ¿Qué exige el Test de Beneficio?El inciso i) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) exige que el servicio proporcione valor económico o comercial al destinatario. En términos prácticos: si el servicio no le sirvió de nada a quien lo recibió, el gasto no se deduce, aunque existan contrato y factura.3.3 ¿Qué debe evidenciar la prueba?La prueba debe evidenciar la prestación efectiva, la naturaleza y necesidad real del servicio, los costos del prestador y sus criterios de asignación. En la práctica, esto se traduce en informes de actividades, entregables, órdenes de servicio, registro de horas y conformidad del usuario interno.3.4 Normas adicionales aplicablesTambién resultan aplicables al caso el artículo 37 de la LIR (fehaciencia y causalidad, reparo del ejercicio 2019), el inciso g) del artículo 24-A y el artículo 55 de la LIR (Tasa Adicional del 5%), y los artículos 75, 141 y 148 del Código Tributario (oportunidad para ofrecer y actuar la prueba).4. ARGUMENTOS DE LAS PARTESLa siguiente tabla resume la posición de cada parte tal como consta en el expediente.<figure class="table"><table><thead><tr><th>LA ADMINISTRACIÓN</th><th>LA RECURRENTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Los contratos y la "Especificación de Prestación del Servicio" señalan la totalidad de servicios que podrían prestarse, no cuáles se prestaron.</td><td>El Test de Beneficio solo puede verificarse si antes se confirman la fehaciencia y la causalidad del gasto.</td></tr><tr><td>Los invoices no precisan los servicios específicos facturados.</td><td>Exigir los costos y gastos del proveedor equivale a pedir documentación de terceros y vulnera el derecho a probar.</td></tr><tr><td>No se presentaron las órdenes de compra ni el registro de horas que el propio contrato exigía.</td><td>Los correos electrónicos son medios probatorios idóneos y debieron valorarse en forma conjunta.</td></tr><tr><td>No se presentaron informes, entregables, valorizaciones ni conformidad del servicio.</td><td>La protección de datos de Noruega impide identificar a los trabajadores de los proveedores.</td></tr><tr><td>El Test de Beneficio no viene acompañado de documentación que lo respalde.</td><td>No procede la Tasa Adicional: los destinatarios de los desembolsos no son accionistas de la recurrente.</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;5. VALORACIÓN PROBATORIA DEL TRIBUNALLa recurrente presentó abundante documentación. El Tribunal la revisó pieza por pieza, y esa revisión —más que la resolución en sí— es la parte que conviene estudiar con calma.5.1 Documentos que no bastan por sí solosLos contratos y la "Especificación de Prestación del Servicio" solo acreditan un acuerdo de voluntades. Las copias de los invoices, por sí solas, no acreditan ejecución. Los asientos contables son solo registros, y los medios de pago solo dan cuenta de pagos al proveedor. Los correos electrónicos, valorados de forma aislada, tampoco resultaron suficientes.5.2 Documentos no admitidosEl Tribunal no admitió los documentos en idioma extranjero presentados sin traducción al castellano, la prueba presentada fuera del plazo del artículo 75 del Código Tributario, ni el Test de Beneficio elaborado por una firma internacional que no venía acompañado de documentación que respaldara lo que consignaba.5.3 Lo que el Tribunal echó en faltaEl Tribunal señaló expresamente la ausencia de informes o reportes de actividades de los servicios prestados, entregables y valorizaciones, conformidad del servicio por parte del usuario interno, órdenes de compra o de servicio y registro de horas, así como de los costos del prestador y sus criterios de asignación.6. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL FISCALEl considerando central de la resolución, referido al Impuesto a la Renta del ejercicio 2018, señala:“Si bien resulta razonable que la recurrente hubiera contratado los servicios observados para la realización de sus actividades, la documentación que proporcionó no resulta suficiente para sustentar las operaciones observadas al no presentar documentación sustentatoria mínima que acreditase la efectiva ejecución de los servicios descritos en los comprobantes de pago antes mencionados, como serían los informes o reporte de actividades correspondientes a los servicios prestados por los proveedores observados.”Considerando de la RTF N.° 07168-13-2026 · Impuesto a la Renta del ejercicio 2018Dos precisiones se desprenden de este texto. La primera es que el Tribunal dice “no resulta suficiente”, no “no sirve”: el problema no es la calidad de la prueba aportada, sino la ausencia de una pieza mínima. La segunda es que esa pieza mínima queda nombrada de forma expresa: informes o reportes de actividades. Sobre esta base, el Tribunal confirmó los reparos y la Tasa Adicional del 5%.7. ANÁLISIS Y COMENTARIO7.1 El estándar probatorio vigenteEl criterio del Tribunal Fiscal es consistente con lo que se viene observando en fiscalización: la discusión sobre servicios intragrupo ya no se gana con el contrato ni citando el Test de Beneficio como una fórmula. Se gana con la evidencia de la ejecución. En este expediente la documentación era abundante —contratos, invoices, asientos contables, medios de pago, correos electrónicos y hasta un Test de Beneficio elaborado por una firma internacional—, pero ninguna pieza conectaba cada comprobante de pago con un servicio concreto, un entregable y un responsable. Ese es hoy el estándar probatorio que exige la Administración y que el Tribunal terminó validando: no basta con demostrar que el gasto existió y que tenía sentido contratarlo; hay que poder trazar, servicio por servicio, qué se hizo, quién lo hizo y qué recibió a cambio el usuario del servicio.7.2 Dos advertencias procesales: idioma y oportunidadDos detalles del expediente merecen una lectura aparte porque se repiten en muchas fiscalizaciones de este tipo. El primero es el idioma: la documentación de soporte remitida por el proveedor extranjero sin traducción oficial al castellano no fue admitida, un recordatorio de que la información técnica en inglés o en otro idioma no sustituye el trámite formal de traducción cuando se presenta ante la Administración o el Tribunal. El segundo es el momento procesal: el Test de Beneficio y otra documentación relevante llegaron fuera del plazo del artículo 75 del Código Tributario, y una prueba extemporánea —por sólida que parezca en el papel— ya no se valora igual.7.3 Por qué la Norma XVI no fue aplicadaVale la pena notar lo que este caso no discute. La SUNAT no acusó elusión ni cuestionó la sustancia económica del grupo; aceptó que centralizar gestión general, RR.HH., TI, operaciones y gestión de riesgos en la matriz es una práctica corporativa razonable. El reparo es puramente probatorio. Esto es relevante para la estrategia de defensa: cuando el debate es de fehaciencia y no de simulación, el terreno más eficaz no es argumentar la sustancia económica del grupo —eso ya se admite— sino demostrar la ejecución documentada de cada servicio.8. RECOMENDACIONES: CÓMO BLINDAR EL EXPEDIENTE DE SERVICIOS INTRAGRUPOLa recomendación central es construir el expediente mientras el servicio se presta, no cuando llega el requerimiento. En la práctica, esto significa mantener al día, por cada servicio y por cada período:<ul><li>Informes de actividades fechados y firmados por el prestador, describiendo qué se hizo en el período.</li><li>Entregables concretos (reportes, políticas, análisis, documentos de gestión) vinculados a cada servicio facturado.</li><li>Órdenes de servicio o de compra que precisen el alcance de cada prestación, no solo el contrato marco.</li><li>Registro de horas u otro criterio de asignación que sustente cómo se distribuyó el costo entre las filiales del grupo.</li><li>Conformidad del usuario interno (el área que recibió el servicio), no solo la factura contabilizada.</li><li>Sustento del beneficio: qué problema resolvió el servicio o qué mejora generó para la operación local.</li><li>Traducción oficial al castellano de todo documento de soporte emitido en el exterior.</li><li>Presentación oportuna de la prueba dentro del plazo del artículo 75 del Código Tributario; después, ya no se merita.</li></ul>9. BASE LEGAL Y REFERENCIAS<ul><li>Ley del Impuesto a la Renta, artículo 32-A, inciso i) &nbsp;Test de Beneficio para servicios entre partes vinculadas.</li><li>Ley del Impuesto a la Renta, artículo 37 &nbsp;causalidad y fehaciencia del gasto.</li><li>Ley del Impuesto a la Renta, inciso g) del artículo 24-A y artículo 55 &nbsp;Tasa Adicional del 5% sobre disposición indirecta de renta.</li><li>Código Tributario, artículo 178, numeral 1 &nbsp;infracción por declarar cifras o datos falsos.</li><li>Código Tributario, artículos 75, 141 y 148 &nbsp;oportunidad para ofrecer y actuar medios probatorios.</li><li>Título Preliminar del Código Tributario, Norma XVI &nbsp;cláusula antielusiva general (no aplicada en este caso).</li><li>RTF N.° 07168-13-2026, Lima, 16 de julio de 2026 expedientes N.° 16306-2024 y N.° 16310-2024.</li></ul>