EL NUEVO REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO MIPYME

Publicado el 12 Sep 2026

<figure class="image"><img style="aspect-ratio:1254/1254;" src="https://centrodecapacitacion.acaprendizajecontable.com/storage/images/I4Cr9MhxyT4I565PRaX8u4dEqOv6VDaRNEQNJZDu.png" width="1254" height="1254"></figure>El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Decreto Supremo N° 186-2026-EF, ha aprobado el Reglamento del Título II del Decreto de Urgencia N° 013-2020, norma que desde el año 2020 promueve el financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), los emprendimientos dinámicos y de alto impacto, y las startups.&nbsp;El reglamento desarrolla un mecanismo concreto: la posibilidad de convertir la orden de compra o de servicio que una entidad pública emite a favor de un proveedor en un instrumento negociable, capaz de generar liquidez inmediata sin esperar la fecha de pago pactada. A continuación explicamos el sustento normativo de esta figura, sus alcances y sus implicancias prácticas para las MIPYME y para los profesionales que las asesoran.<figure class="table"><table><tbody><tr><td>PUNTOS CLAVE<ul><li>La orden de compra o de servicio emitida por una entidad del Estado adquiere la calidad de título valor nominativo desde su notificación al proveedor (art. 12, D.U. N° 013-2020).</li><li>La MIPYME puede transferir (ceder) ese título a un tercero, por ejemplo, una entidad de factoring o financiera.</li><li>La entidad pública queda obligada a pagar al tercero cesionario una vez emitida la conformidad de recepción del bien o servicio, conforme a las reglas del Sistema Nacional de Tesorería.</li><li>Toda cláusula contractual que restrinja, limite o prohíba la cesión es nula de pleno derecho.</li><li>El proyecto normativo fue exceptuado del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR).</li></ul></td></tr></tbody></table></figure>1. El problema de fondo: la MIPYME que contrata con el Estado y no tiene liquidezEl propio Decreto de Urgencia N° 013-2020 explica, en sus considerandos, el objetivo que persigue: establecer medidas que promuevan el financiamiento de las MIPYME, el desarrollo de emprendimientos dinámicos y de alto impacto en etapas iniciales y de consolidación, el impulso de iniciativas clúster a nivel nacional, el fortalecimiento de su proceso de internacionalización, la ampliación de los servicios tecnológicos que brinda el Estado a la MIPYME, y el impulso del desarrollo productivo y empresarial a través de instrumentos no financieros.Dentro de esa finalidad general, el literal b) del artículo 2 del D.U. N° 013-2020 es explícito: la norma busca inyectar liquidez a las MIPYME a través del acceso al financiamiento mediante el uso de órdenes de compra y/o de servicio emitidas por entidades del Estado. Y el artículo 11 precisa que las disposiciones del Título II —el que ahora se reglamenta— tienen como objetivo, precisamente, la promoción del acceso al financiamiento de las MIPYME a través del uso de esas órdenes emitidas por entidades del Sector Público.2. Objeto y base legal del Decreto Supremo N° 186-2026-EFEl artículo 1 del nuevo decreto es claro en su objeto: aprobar el Reglamento del Título II del Decreto de Urgencia N° 013-2020. Esta aprobación no era discrecional: el cuarto párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final del propio D.U. N° 013-2020 establecía que las normas de carácter general necesarias para la adecuación a las medidas del Título II debían aprobarse mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de la Producción, tal como en efecto ocurre con esta norma.La base legal invocada combina la facultad reglamentaria del Presidente de la República, reconocida en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y con el propio Decreto de Urgencia N° 013-2020 como norma habilitante de rango superior.3. El mecanismo central: la orden de compra o de servicio como título valorEl corazón del reglamento —y de todo el Título II— está en el artículo 12 del D.U. N° 013-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores, la orden de compra y/o de servicio emitida por una entidad del Estado adquiere la calidad de título valor nominativo desde el momento de su notificación al proveedor.Que un documento tenga la calidad de título valor nominativo significa, en términos prácticos, que incorpora un derecho de crédito autónomo y que puede transmitirse formalmente a otra persona distinta del proveedor original. Eso es exactamente lo que permite la norma: la MIPYME puede transferir —ceder— la orden hacia un tercero, por ejemplo, una entidad de factoring o una entidad financiera. Una vez producida esa cesión, la entidad del Sector Público que corresponda debe realizar el pago de las facturas o comprobantes de pago derivados de la orden transferida directamente al tercero, pero solo una vez emitida la conformidad por la correcta recepción del bien o del servicio, y siguiendo las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería.La norma añade una protección relevante para la MIPYME:&nbsp;todo acuerdo, convenio o estipulación que restrinja, limite o prohíba la cesión de la orden de compra o de servicio es nulo de pleno derecho. En otras palabras, ninguna entidad contratante puede bloquear contractualmente el acceso de la MIPYME a este mecanismo de financiamiento.4. Caso práctico: así operaría el mecanismoPara ilustrar el funcionamiento del mecanismo con un ejemplo sencillo, planteamos el siguiente caso:"Ferretería Vargas E.I.R.L.",&nbsp;una MIPYME de Chiclayo, resulta ganadora de una orden de compra por S/ 48,500 emitida por una entidad pública, con un plazo de pago de 45 días. La empresa necesita capital de trabajo antes de esa fecha para atender otro contrato.1.&nbsp;Desde que la entidad notifica la orden de compra a Ferretería Vargas E.I.R.L., el documento adquiere la calidad de título valor nominativo.2.&nbsp;La empresa cede el título a una entidad de factoring, que le adelanta el importe (menos un descuento financiero por el servicio) sin esperar los 45 días.3.&nbsp;La entidad de factoring comunica la cesión a la entidad pública contratante.4.&nbsp;Al emitirse la conformidad de recepción del bien, la entidad pública paga directamente al factor, conforme a las reglas del Sistema Nacional de Tesorería.5.&nbsp;Si las bases o el contrato original contuvieran una cláusula que prohibiera esta cesión, dicha cláusula sería nula de pleno derecho y no impediría la operación.5. Por qué esta norma se aprobó sin Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex AnteEl propio decreto explica un punto de técnica normativa que suele pasar desapercibido, pero que interesa a quienes siguen el proceso regulatorio peruano. El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante, regulado por el Decreto Legislativo N° 1565 —Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria— y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, tiene por objetivo garantizar que una propuesta normativa sea la mejor opción para resolver un problema público identificado con evidencia, y que sus beneficios superen sus costos.En este caso, con fecha 1 de julio de 2026, la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR) notificó el resultado de la evaluación sobre la pertinencia de someter el proyecto normativo al AIR Ex Ante y, en virtud de la excepción prevista en el párrafo 41.2 del artículo 41 del reglamento del D. Leg. N° 1565, declaró la improcedencia de dicho análisis, en la medida en que el Decreto Supremo se encuentra fuera del alcance definido en el párrafo 33.2 del artículo 33 de esa misma norma. En la práctica, esto significa que, al tratarse de un reglamento que desarrolla disposiciones ya definidas por una norma de urgencia de rango superior, no correspondía someterlo a la evaluación completa del AIR, lo que permitió su aprobación más expeditiva.6. Marco normativo citado<figure class="table"><table><thead><tr><th>Norma</th><th>Contenido relevante</th></tr></thead><tbody><tr><td>D.U. N° 013-2020</td><td>Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups. Su Título II regula el acceso al financiamiento mediante órdenes de compra y de servicio emitidas por el Estado.</td></tr><tr><td>Ley N° 27287 (Ley de Títulos Valores), art. 3</td><td>Sustenta que la orden de compra/servicio estatal adquiere la calidad de título valor nominativo desde su notificación al proveedor.</td></tr><tr><td>D. Leg. N° 1565</td><td>Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria; establece el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).</td></tr><tr><td>D.S. N° 023-2025-PCM</td><td>Reglamento del D. Leg. N° 1565; regula el AIR Ex Ante y sus supuestos de improcedencia.</td></tr><tr><td>Constitución Política del Perú, art. 118 inc. 8</td><td>Facultad reglamentaria del Presidente de la República, base habilitante del Decreto Supremo.</td></tr><tr><td>Ley N° 29158</td><td>Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.</td></tr><tr><td>D.S. N° 186-2026-EF</td><td>Aprueba el Reglamento del Título II del D.U. N° 013-2020, refrendado por el MEF y el Ministerio de la Producción.</td></tr></tbody></table></figure>7. Conclusiones&nbsp;<ul><li>Revisar bases de contratación y contratos vigentes: cualquier cláusula que restrinja o prohíba ceder la orden de compra o de servicio es nula de pleno derecho, por lo que puede desconocerse.</li><li>Antes de ceder el título a un tercero, verificar el estado de la conformidad de recepción del bien o servicio, pues de ella depende que el Estado pague al cesionario.</li><li>Evaluar el costo financiero del factoring o descuento frente al beneficio de contar con liquidez inmediata.</li><li>Los profesionales contables deben registrar adecuadamente la cesión (baja de la cuenta por cobrar y reconocimiento del descuento o gasto financiero) conforme a la NIIF 9.</li><li>Mantenerse atentos a normas complementarias que SUNAT, el MEF o el Ministerio de la Producción puedan emitir para operativizar este mecanismo.</li></ul>En síntesis, el Decreto Supremo N° 186-2026-EF no se limita a reglamentar un mecanismo técnico: entrega a miles de MIPYME que contratan con el Estado una herramienta legal firme para convertir sus órdenes de compra o de servicio en liquidez, sin depender de la voluntad de la entidad contratante. Conocer bien este mecanismo y advertir a nuestros clientes sobre él puede marcar una diferencia real en la gestión financiera de una empresa que tiene al Estado como comprador.