DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS AL PODER EJECUTIVO

Publicado el 15 Dec 2025

<figure class="image"><img style="aspect-ratio:5732/5732;" src="https://centrodecapacitacion.acaprendizajecontable.com/storage/images/J9tnQY8HCSwI3fYh2hsRmJ1NpsTSWwOUxuFic8Oo.png" width="5732" height="5732"></figure>La Ley N.° 32527 autoriza al Poder Ejecutivo a legislar, por un plazo de 60 días calendario, en materias estratégicas vinculadas a la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad organizada, el crecimiento económico responsable y el fortalecimiento institucional del Estado.Esta norma se sustenta en los artículos 101 y 104 de la Constitución Política del Perú, que permiten al Congreso delegar facultades legislativas mediante leyes autoritativas, delimitando materias, plazo y alcances.Desde una perspectiva técnica, la ley responde a un escenario de alta conflictividad social, incremento de delitos complejos y necesidad de modernización del aparato estatal, especialmente en el ámbito penal y procesal penal.2. Alcance de la delegación legislativaEl artículo 2 de la Ley establece de manera expresa las materias específicas sobre las cuales el Ejecutivo podrá emitir Decretos Legislativos, evitando una delegación abierta o indeterminada.Entre los ejes principales se encuentra:Seguridad y lucha contra la criminalidad organizadaEste eje concentra la mayor carga normativa y tiene impacto directo en:<ul><li>El Código Penal</li><li>El Código Procesal Penal</li><li>Normas especiales vinculadas a delincuencia organizada</li><li>Competencias de la Policía Nacional del Perú</li><li>Facultades del Ministerio Público y el Poder Judicial</li></ul>3. Principales modificaciones normativas autorizadas3.1 Código Penal – Fortalecimiento del principio de autoridadLa ley autoriza modificar disposiciones clave del Decreto Legislativo N.° 635 – Código Penal, con especial énfasis en:<ul><li>Incremento de penas para el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad (art. 368).</li><li>Restricción de beneficios como la suspensión de la ejecución de la pena, reforzando el carácter disuasivo de la norma.</li></ul>Implicancia práctica: Se eleva el riesgo penal para conductas que afecten directamente la función pública, lo que impacta en la defensa penal y en la estrategia procesal.3.2 Delitos patrimoniales vinculados a vehículosSe faculta al Ejecutivo a modificar el Decreto Legislativo N.° 1214, orientado a:<ul><li>Combatir delitos relacionados con vehículos automotores</li><li>Regular el aprovechamiento delictivo de vehículos siniestrados</li><li>Sancionar el duplicado o fraude de placas únicas nacionales de rodaje</li></ul>Implicancia práctica: Impacto directo en sectores como transporte, seguros, talleres automotrices, concesionarios y peritajes técnicos.3.3 Código Procesal Penal – Investigación y flagranciaLa ley habilita modificaciones al Decreto Legislativo N.° 957, entre ellas:<ul><li>Autorización para la revisión de equipos terminales móviles en casos de flagrancia (extorsión, sicariato, secuestro).</li><li>Regulación del procedimiento inmediato de extracción y análisis de información digital.</li><li>Refuerzo de la investigación de delitos cometidos por organizaciones criminales.</li></ul>Implicancia práctica: Relevante para abogados penalistas, peritos informáticos, oficiales de cumplimiento y empresas que manejan datos personales.3.4 Responsabilidad Penal de AdolescentesSe autoriza modificar el Decreto Legislativo N.° 1348, con la finalidad de:<ul><li>Regular la competencia material de los juzgados unipersonales</li><li>Promover la terminación anticipada</li><li>Incorporar medidas alternativas a la privación de libertad</li></ul>Enfoque técnico: Se busca un equilibrio entre seguridad ciudadana y principios de justicia juvenil restaurativa.4. Análisis crítico desde una perspectiva profesionalDesde el punto de vista normativo y constitucional, la Ley N.° 32527:Cumple con el principio de especialidad en la delegación Establece un plazo definido Delimita materias de forma expresaNo obstante, plantea retos relevantes:<ul><li>Riesgos de sobrepenalización si no se respeta el principio de proporcionalidad.</li><li>Tensiones con derechos fundamentales, especialmente en el acceso a información privada y datos digitales.</li><li>Necesidad de una adecuada reglamentación y control posterior por parte del Congreso y el Tribunal Constitucional.</li></ul><img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb3/1/16/1f517.png" alt="🔗" width="16" height="16"> Lee la ley completa en El Peruano aquí <img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f449.png" alt="👉" width="16" height="16"> <a href="https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2468071-1?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExbEtOOHFSMlFBenJiS29IN3NydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6neARwd7hOa7Dd2uITeSguAh5NwPCkoTKayMcr9fK2q-y1sclEtuHVcZhuLg_aem_SQDm4EqG46X8KG9AA9EYuA">https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2468071-1</a>